EL REINADO DE ISABEL II

EL REINADO DE ISABEL II (1843–1868) 
1. La “Década Moderada” (1843–1854) 
El mismo día del comienzo del reinado efectivo de Isabel II, el Gobierno de Joaquín María 
López dimitió. Como sustituto fue nombrado Salustiano Olózaga, jefe del Partido Progresista que, 
acusado de haber obligado a la reina niña a disolver las Cortes, era destituido a los nueve días. Una 
vez conseguido el poder por el Partido Moderado, bajo el liderazgo del general Narváez, dominó la 
escena política durante los diez años siguientes, dando nombre a la «Década Moderada». 
En este período se elaboraron la  Constitución de 1845 que proclamaba la soberanía 
compartida y anulaba algunas conquistas del liberalismo progresista, y unas  leyes orgánicas de 
carácter muy restrictivo que sentaron las bases del poder moderado y de la organización política y 
administrativa del Estado liberal. Entre estas reformas destacan: 
– La nueva división provincial de Javier de Burgos (1833), que establece 48 provincias 
administradas por una Diputación y un Gobernador Civil. 
– Administración centralizada. 
– Creación de una institución la Guardia Civil para velar por la seguridad pública, 
vigilar el medio rural y la defensa del nuevo sistema de propiedad. 
Se realizó la  reforma de la Hacienda, que establecerá un nuevo  sistema fiscal, que 
pretendía potenciar la contribución directa a través de impuestos directos e indirectos. 
Por el Concordato de 1851 con la Santa Sede, se logró el reconocimiento de la Iglesia a la 
monarquía isabelina y que aceptara la desamortización efectuada hasta entonces, exigiendo como 
contrapartida compensaciones económicas (compromiso de mantener y proteger al clero, ...), 
reconocimiento de la confesionalidad del Estado (Constitución de 1845), la presencia de la Iglesia 
en la enseñanza y que se paralizase el proceso de venta de bienes nacionales pendientes. 
Una de las cuestiones más controvertidas fue la del matrimonio real que, convertido en 
razón de Estado con claras implicaciones en las cortes europeas, dio origen a largas y complejas 
negociaciones diplomáticas para elegir al futuro rey consorte. El 10 de octubre de 1846, el mismo 
día de su decimosexto cumpleaños, se celebra el enlace de la reina con su primo Francisco de Asís 
de Borbón, una elección completamente desacertada pero que fue la única candidatura viable dada 
la presión internacional, sobre todo francesa. El matrimonio fracasó en los primeros meses. 
El Gobierno moderado se ejerció de forma restrictiva y exclusivista, obligando a los 
progresistas, marginados del poder, a recurrir a la vía insurreccional y a los pronunciamientos, mecanismo de insurrección militar frecuentemente combinado con algaradas callejeras, para forzar 
un cambio político y acceder al Gobierno. 
La Década se cerró con el gobierno «tecnócrata» de  Juan Bravo Murillo, quien llevó a 
cabo una amplia labor administrativa y hacendística. En estos años, la actuación ministerial había 
sido cada vez más autoritaria y la corrupción se había generalizado con los negocios fáciles y el 
enriquecimiento rápido de las camarillas próximas al poder y a la soberana.

2. La revolución de 1854 y el Bienio Progresista (1854–1856) 

Los problemas derivados de la corrupción y del gobierno de la camarilla, a los que se unía el 
descontento de los progresistas excluidos del poder, alentaron las críticas de la clase política y 
favorecieron la actuación revolucionaria. 
A finales del mes de junio de 1854 tiene lugar el pronunciamiento de los generales 
O´Donnell y Dulce. La llamada «Vicalvarada» tenía en principio unos objetivos muy limitados, 
corregir la corrupción y cambiar el Gobierno sin abandonar el moderantismo. Pero la intervención 
de los progresistas abrió una fase de levantamiento popular que llevó a los sublevados a ampliar su 
programa. 
El Manifiesto del Manzanares de 7 de julio de 1854, redactado por Cánovas del Castillo y 
firmado por O’Donnell, exigía reformas políticas y unas Cortes Constituyentes para hacer posible 
una auténtica «regeneración liberal». 
Se inauguraba una nueva etapa progresista, escasa en resultados políticos por su corta 
duración, un bienio escaso, pero densa en realizaciones de carácter económico. La reina entregó el 
poder a Espartero y O'Donnell, representantes de la coalición que alentó la revolución, pero la 
continuidad y estabilidad de este Gobierno mixto fue difícil. 
Se elaboró una nueva Constitución de inspiración progresista que afirmaba explícitamente la 
soberanía nacional –la  non nata de 1856 – y se aprobaron importantes leyes económicas, 
fundamentales para el desarrollo del capitalismo español como: 
– La ley de ferrocarriles (1855), que hace posible la implantación de este medio de 
trnasporte. 
– Las leyes bancarias y de sociedades (1856), que favorecen el desarrollo económico. 
– Se retomó la  desamortización con la promulgación de la  Ley Madoz (1855), que 
afectaba a los bienes civiles y eclesiásticos, lo que provocó la ruptura de relaciones 
diplomáticas con el Vaticano. 
El liberal y ministro de Hacienda,  Pascual Madoz, aprovechando el Bienio Progresista, 
promulga el 1 de mayo de 1855 la Ley General de Desamortización, con la que se ponen a la venta 
bienes de propiedad colectiva (comunales) o amortizados, tanto los eclesiásticos aún no vendidos 
como los que eran de los municipios o del propio Estado. Por tanto, lo que se proponía era culminar 
el proceso desamortizador ya iniciado y que había sido suspendido durante la Década Moderada. La 
venta fue en subasta y el pago en metálico, aplazado a 14 años. 
Las desamortizaciones afectaron al 20 % del total de la tierra de la superficie nacional, 
contribuyó a la transformación de la sociedad estamental en burguesa y consolidó la alianza entre 
burguesía y nobleza terrateniente. Con los fondos obtenidos se financió la Guerra Civil (guerra carlista) y las obras de nuevas 
infraestructuras esenciales para el desarrollo económico del país. Incluso los propios municipios 
(con el 80 % de lo obtenido por la desamortización de sus propios) pueden invertir en proyectos de 
interés como el ferrocarril, aunque a veces tuvieron grandes pérdidas, por el fracaso de ciertas 
inversiones. 
Las diferencias entre  Espartero y  O’Donnell se agudizan cuando éste funda la  Unión 
Liberal partido de tendencia moderada, Asimismo, surgen los primeros conflictos propios de 
países industrializados: aparecen las primeras huelgas y choques entre patronos y obreros, e 
incidentes en el mundo rural, que acabaron desgastando la figura de Espartero; fortaleciendo la 
figura de O´Donnell, que marcó la vuelta al moderantismo y la reposición de la Constitución de 
1845. 

3. La vuelta al moderantismo y el final del reinado (1856–1868) 

La reina recurre a  O'Donnell para desplazar a los progresistas del poder y restablecer la 
Constitución de 1845, que será suavizada con un Acta adicional (1856). Pero, a continuación, será 
Narváez quien gobierne durante el bienio 1856-1858. 
Bajo su mandato se restablecen los parámetros políticos de la etapa moderada anterior con la 
anulación del  Acta adicional y se aprueba la  Ley Moyano (1857) que ordena y centraliza la 
instrucción pública de toda la nación. 
Se abre entonces un período de alternancia entre los moderados de  Narváez y la  Unión 
Liberal liderada por el general O'Donnell, que entre 1858 y 1863, será de nuevo el protagonista de 
la vida política española, dando paso a un período con cierta calma política caracterizado por una 
gran prosperidad económica y una intensa actividad en política exterior con la guerra de África 
(1859-60), la anexión de Santo Domingo (1860-1865) y la intervención en México (1861-1862). 
El gobierno unionista ejerció una política pragmática, centrada en el impulso de las obras 
públicas y de las inversiones de sectores en desarrollo: como el ferrocarril, las minas o el sistema 
financiero. 
Con la caída de  O'Donnell en 1863 entramos en la última etapa del reinado de Isabel II 
marcada claramente por la descomposición del sistema político y la deslegitimación de la Corona. 
Se sucedieron gobiernos siempre de corte moderado mientras el exclusivismo y el carácter 
represivo del régimen se acentuaban a medida que la oposición aumentaba y partía cada vez de 
mayores frentes. 
Por otra parte, la vida amorosa de la reina y los escándalos de palacio, aireados o utilizados 
por su propio esposo, Francisco de Asís, y miembros de la camarilla y del Gobierno, contribuyeron 
notablemente a desprestigiar la imagen de la monarquía. 
El ambiente político se enrareció todavía mucho más a partir de 1865, con la destitución de 
Castelar como catedrático de la Universidad y la represión  contra los estudiantes en la llamada 
«Noche de San Daniel», ordenada por Luis González Bravo. El sistema moderado se hundía y 
arrastraba consigo a la monarquía. Ante el deterioro de la situación política, los progresistas y los 
demócratas se retraen de la vida política inclinándose una vez más por la vía insurreccional. 
Un nuevo gobierno de la Unión Liberal intentó, en último término, atraer de nuevo a los 
progresistas con una tímida reforma política que ampliaba el censo electoral pero no lo consiguió, 
como demostraron los intentos de pronunciamiento de Prim en enero de 1866 y del Cuartel de San 
Gil en el mes de junio de ese mismo año. 
El retorno de Narváez aceleró los preparativos de la conspiración que se consolidó con la 
firma del Pacto de Ostende de agosto de 1866, que agrupó a progresistas y a demócratas y, más 
tarde, al morir O'Donnell en 1867, a la Unión Liberal. Ya no se trataba de luchar sólo por un relevo 
gubernamental sino que se exigía el destronamiento de la reina. La conspiración pronto rebasó los círculos militares y contó con un importante apoyo popular. La coincidencia con una coyuntura de 
crisis económica y de subsistencias y el endurecimiento del régimen dirigido de nuevo por González 
Bravo, contribuyeron a crear un contexto favorable a la revolución. 
El 18 de septiembre de 1868, la Armada se pronuncia en la bahía de Cádiz, tras la proclama 
del Almirante Topete. El triunfo de la revolución tras la  batalla de Alcolea (28 de septiembre 
de1868), Isabel II era destronada y marchaba al exilio en Francia, iniciándose en España un período 
de seis años, conocido como el Sexenio Democrático.