La II República

La II República (1931-1936) 
1. La caída de la Monarquía de Alfonso XIII y la proclamación de la II República:
Tras la dimisión de Primo de Rivera el 28 de enero de 1930, el nuevo gobierno
presidido por el general Berenguer, hombre de confianza de Alfonso XIII y uno de los
principales responsables del desastre de Annual, pretendió la vuelta a la normalidad
constitucional. Pero, para buena parte de la opinión pública, el comportamiento del Rey
durante la dictadura había significado una trasgresión de su papel moderador y la
monarquía misma era cuestionada.
Los republicanos, pese a su fraccionamiento, aparecían, junto con los socialistas, como
la única fuerza realmente renovadora. En el Pacto de San Sebastián (agosto 1930)
republicanos, socialistas y catalanistas de izquierdas se pusieron de acuerdo para exigir
la apertura de un proceso constituyente para instaurar un régimen republicano y
reconocían el derecho de Cataluña a un estatuto de autonomía. Ante la negativa de
Berenguer de conceder estas peticiones, los republicanos recurren a las conspiraciones:
- 12 diciembre 1930: insurrección de Jaca que fue reprimida violentamente (ejecución
de los capitanes Galán y García Hernández), hecho que incrementó el desprestigio
gubernamental y de la misma monarquía.
- 15 diciembre 1930: ocupación del aeródromo de Cuatro Vientos.
El nuevo gobierno presidido por el almirante Aznar aceptó convocar elecciones
municipales para abril de 1931, las primeras en 8 años, y por ello tendrían carácter de
plebiscito sobre el régimen monárquico. El triunfo republicano en las grandes ciudades
significó la caída de la Monarquía.
La campaña electoral aglutinó a las fuerzas políticas en dos bandos: monárquico y
republicano. La derecha monárquica se presentó dividida, mientras que los firmantes del
Pacto de San Sebastián se presentaban bajo el nombre de Conjunción RepublicanoSocialista (grupos republicanos, PSOE, Esquerra Republicana de Cataluña y la ORGA
gallega). La Lliga y el PNV quedaron al margen, mientras que la UGT apoyaba a la
coalición, mientras que la CNT dejó libertad de voto a sus militantes.
El día 13 de abril las multitudes empezaron a tomar la calle, mientras que el ejército y la
guardia civil no intervinieron para restablecer el orden. Romanones (ministro de Estado)
aconsejaba al rey salir del país.
A primeras horas del 14 de abril el ayuntamiento de Eibar proclamó la República y al
medio día en Barcelona, Macià anunció la instauración de la "República Catalana dentro
de la Federación Ibérica". Al atardecer el movimiento se había extendido a las ciudades
de Sevilla, Valencia, Zaragoza... El rey Alfonso XIII salía hacia Cartagena camino del
exilio; al mismo tiempo, el comité revolucionario, integrado por los miembros del Pacto
de San Sebastián, se constituían en Gobierno Provisional de la República, sin
derramamiento de sangre.
Este primer gobierno republicano estaba integrado por una coalición formada por
republicanos católicos de derecha (Niceto Alcalá Zamora como presidente, Miguel
Maura), por republicanos de centro-izquierda (Manual Azaña y Marcelino Domingo),
socialistas (Largo Caballero, Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos), nacionalistas
catalanes (Nicolau d´Olwer) y gallegos (Casares Quiroga). Esta coalición era
mayoritariamente representativa de la pequeña burguesía y un sector de la clase obrera y
obtuvo, al menos al principio, un amplio apoyo. Al margen de este entusiasmo
quedaban los grandes propietarios (en buena parte pertenecientes a la vieja aristocracia),
la oligarquía financiera, parte del ejército y de la Iglesia. La CNT tampoco mostró
entusiasmo.

2. El periodo constituyente: el Gobierno Provisional se comprometió a convocar
Cortes constituyentes. En esos meses, Azaña, Largo Caballero y Marcelino Domingo
redactaron los primeros decretos sobre el ejército, el campo y la cultura. Los primeros
conflictos llegaron pronto: 11 y 12 de mayo del 31 se produjo la quema de conventos en
Madrid y otras ciudades y ello impresionó a importantes sectores católicos; si a ello
sumamos el recorte de los privilegios de la Iglesia tenemos las condiciones para que el
episcopado pase a la oposición legal (expulsión del cardenal Segura, apoyo de la Iglesia
al grupo de derechas Acción Nacional -CEDA desde 1933-).
Las elecciones de junio de 1931 se celebraron con gran civismo, con una participación
del 70%; la conjunción republicano-socialista obtuvo una victoria clara (250 diputados)
sobre los radicales de Lerroux con 90 escaños y 80 las derechas.
Las Cortes constituyentes elaboraron una nueva constitución muy avanzada para su
tiempo. Los debates más polémicos fueron los referidos a la cuestión religiosa y las
autonomías. Fue aprobada el 9 de diciembre de 1931:
* Cámara única.
* El sufragio universal se amplió a mujeres y soldados.
* El Estado era "integral", no federal, pero se daba la oportunidad a las
"regiones" para acceder a la autonomía.
* Se reconocían los derechos individuales.
* El gobierno podía expropiar bienes considerados de utilidad pública.
Alcalá Zamora (Derecha Liberal Republicana) fue elegido Presidente de la República y
Azaña presidía el gobierno formado por republicanos, socialistas y nacionalistas.
3. El bienio reformista: 
El nuevo gobierno va a afrontar una serie de reformas que pretenden la radical
separación de la Iglesia y el Estado, la modernización del ejército, la descentralización
del Estado para satisfacer a los nacionalistas y la redistribución de la tierra, reformas
que acabarán dividiendo el país en dos sectores enfrentados.
a/ La cuestión religiosa: la separación de la Iglesia y el Estado y la laicización de una
sociedad de absoluta mayoría católica fueron objetivos prioritarios de los primeros
gobiernos republicanos, a la vez que una fuente inacabable de conflictos.
En las raíces de este conflicto tenemos, de un lado, el anticlericalismo tradicional de
gran parte de la pequeña burguesía, que esporádicamente se manifestaba en los sectores
más marginados de la sociedad; por otro lado, la actitud de gran parte del episcopado
celoso de sus prerrogativas. La Iglesia tenía entonces 11921 fincas rústicas y 7828
urbanas, suponía el 2% de los gastos del Estado y su influencia en la educación era
indiscutible. Para modificar esta situación sucesivos decretos disolvieron la Compañía
de Jesús, confiscaron sus fincas, establecieron el matrimonio civil, el divorcio y la
secularización de los cementerios. La ley de Congregaciones de 1933 prohibía a la
Iglesia y a las órdenes religiosas la enseñanza (fecha límite para el cese de su actividad
docente el 1 de octubre de 1933), el comercio y la industria, lo que provocó una pastoral
colectiva que llamaba a la resistencia pacífica.
b/ Hacia la modernización del ejército: la reforma del ejército se debe a Azaña que
pretendía un régimen desmilitarizado reduciendo la función de las fuerzas armadas a la
defensa exterior. Para modernizarlo había que reducir los mandos, el deterioro técnico,
la burocracia y la división entre ejército metropolitano y colonial. El ejército colonial,
desde la Guerra de Marruecos, era en cierta manera un instrumento en manos de sus
jefes, los "africanistas". Por la Ley Azaña de 1931 se permitía a los jefes oficiales que lo
deseasen el retiro con el sueldo íntegro. Se acogieron 84 generales (de 170) y 8650 jefes
y oficiales (de 14000). Posteriormente creó la Guardia de Asalto (fuerza de orden público de fidelidad republicana) y se cerró la Academia General Militar de Zaragoza,
dirigida por el general Franco.
La derecha pretendió capitalizar el posible descontento que producían estos cambios y
la oposición se puso de manifiesto mediante un golpe de Estado fracasado del general
Sanjurjo en agosto de 1932 y con la creación de la Unión Militar Española (UME) en
1933 como organización clandestina de militares de derechas.
c/ Descentralización: política autonomista: las aspiraciones de autogobierno de Calaluña
estaban recogidas en el Pacto de San Sebastián. El gobierno, sin embargo, nunca
pretendió crear una organización política y administrativa de carácter federal, sino que
querrá "conjugar la aspiración particularista o la voluntad autonomista... con los
intereses o los fines permanentes de España dentro del Estado organizado por la
República" (Azaña).
En Cataluña, después de una negociación con el gobierno provisional, se había resuelto
el problema originado por la proclamación de la República Catalana. La República
quedaba anulada, pero se reconocía un gobierno autónomo que elaboraría un Estatuto
que sería aprobado por las Cortes: es el proyecto de Estatuto de Nuria que fue aprobado
en referendum con el 99% de los votos. El 18 de agosto de 1931 el Estatuto de Nuria
fue presentado por Macià a las Cortes y a pesar de afrontar la oposición de la derecha y
las resistencias de los republicanos, al final fue aprobado con numerosos recortes en
1932:
- El gobierno catalán era la Generalitat con tres instituciones:
* Parlamento catalán.
* Presidente.
* Consejo Ejecutivo: Consejerías.
- Catalán y castellano lenguas oficiales.
- Competencias de la Generalitat: hacienda, economía, enseñanza, cultura,
sanidad, transportes y comunicaciones y órden público (mossos d´escuadra).
- Competencias del Gobierno Central: asuntos exteriores, defensa, control de
fronteras...
- Conflictos entre el poder central y el autonómico: Tribunal de Garantías
Constitucionales.
La importancia del papel desarrollado en su elaboración por ERC quedó de manifiesto
en las elecciones al Parlament de Catalunya, en las que Macià fue elegido Presidente de
la Generalitat.
En el País Vasco, el PNV y los carlistas llegaron a un acuerdo en Estella en 1931, en el
que se aprobó un proyecto de Estatuto que socialistas y republicanos consideraron
reaccionario. En 1932 los ayuntamientos votaron un nuevo proyecto que fue aprobado
en Vizcaya, Guipúzcoa, el 50% de Álava y rechazado en Navarra (los carlistas se niegan
a pactar con una República atea). El proyecto quedó paralizado y no fue aprobado por
las Cortes hasta 1936, una vez comenzada la Guerra Civil.
En Galicia, la guerra cortó la aprobación por las Cortes de un proyecto de Estatuto
ratificado en referendum en junio de 1936.
d/ La cuestión agraria: en la década de los 30 la importancia del sector primario era
considerable. Con 23 millones de habitantes, 3.8 millones trabajan en la agricultura (2
millones eran obreros agrícolas, 750000 arrendatarios y aparceros y 1 millón pequeños
y medianos propietarios). El latifundio era muy importante, sobre todo en el sur: el
1.8% de las fincas, el 44% de las tierras (+100 Ha.).
Para encarar el problema agrario, ya el Gobierno Provisional promulgó una serie de
decretos que trataban de proteger a los arrendatarios y a los campesinos sin tierra:
decreto de Términos Municipales, prórroga automática de contratos de arrendamiento,

jornada de 8 horas. Pero el verdadero ensayo reformador vino de la elaboración de una
ley de reforma agraria que fue aprobada por las Cortes en septiembre de 1932.
El objetivo de la ley no fue una revolución agraria o una colectivización de la tierra,
sino que sus objetivos fueron más moderados. La ley permitía expropiar sin
indemnización sólo las tierras de los Grandes de España, mientras que las mal
cultivadas, las arrendadas sistemáticamente, las que podían ser regadas y no lo eran,
sólo se podían expropiar con una indemnización previa. Además, los problemas de
ineficacia, burocratismo, y el coste de las indemnizaciones contribuyeron al hecho de
que su aplicación fuese todavía más limitada. Políticamente la reforma agraria provocó
la reunificación de la derecha y que muchos campesinos se alejaran definitivamente de
la República. El descontento campesino dio lugar a numerosos incidentes: Casas Viejas,
Castilblanco, Arnedo...
En Cataluña el problema se suscitó entre propietarios y arrendatarios (rabassaires) que
consiguieron que el Parlament mejorase los contratos de cultivo sometidos en parte al
arcaico sistema de la "rabassa morta". Esta ley será recurrida ya en 1934 por el
Gobierno de derechas y el Tribunal de Garantías la rechazó al considerar al Parlament
incompetente para legislar en la materia.
4. El bienio de derechas: 
a) La crisis de la coalición republicano-socialista:
A lo largo de 1933 se hacía cada vez más evidente el desgaste de los políticos del bienio
reformador. Grupos importantes de las clases medias se desplazaron hacia la derecha, lo
que se tradujo en la aparición de nuevas fuerzas, como la CEDA de Gil Robles
(Confederación Española de Derechas Autónomas) de carácter demócrata-cristiano (lo
importante no es la forma de gobierno, sino la defensa de la Iglesia y los valores que
ésta representa) o la Falange Española de Primo de Rivera que preconizaba un régimen
autoritario de carácter fascista (en 1934 se une a las JONS de Ramiro Ledesma y
Onésimo Redondo). El centro-derecha se agrupaba en el Partido Radical de Lerroux,
que consiguió el acercamiento de comerciantes, industriales liberales e, incluso, algunos
grandes propietarios. Con estos grupos establecieron contacto los monárquicos
alfonsinos, dirigidos por José Calvo Sotelo (Renovación Española) y también los
carlistas (Comunión Tradicionalista).
Por otro lado, la ineficacia de las reformas en profundidad, que habrían mejorado las
condiciones de vida del proletariado urbano y agrícola, restó apoyos al gobierno; por
ello, más pronto o más tarde, las fuerzas de izquierdas fueron radicalizándose: la
Federación de Trabajadores de la Tierra (UGT), con 450000 miembros se desplazó a
posiciones más radicales, mientras que en la CNT (1 millón de afiliados) se impusieron
las corrientes insurreccionales de la FAI (Buenaventura Durruti y Fco. Ascaso) frente a
las tendencias moderadas (Pestaña, Peiró).
En estas condiciones Alcalá Zamora aceptó la dimisión de Azaña y, mediante un
gabinete presidido por Martínez Barrio, disolvió las Cortes en octubre de 1933. En las
elecciones del 18 de noviembre, con una izquierda desencantada y desunida y con la
abstención de importantes masas obreras, el centro-derecha (CEDA y radicales de
Lerroux) alcanzaron la mayoría parlamentaria.
b) La etapa de derechas: 19 noviembre 1933 a 29 diciembre de 1935:
Alcalá Zamora nombró a Lerroux jefe de un gobierno compuesto sólo por radicales pero
con el apoyo de los monárquicos y de la CEDA. Pronto comenzó la liquidación de la
obra hecha en el bienio anterior. Así, se paralizó la reforma agraria, anulándose la
expropiación de tierras a los Grandes de España, los decretos de asentamientos, las

leyes de salarios (libertad de contratación) y se propuso también la amnistía a los
sublevados con Sanjurjo en 1932. El gobierno también se enemistó con el gobierno de
Cataluña por el problema "rabassaire" y por otro lado el nacionalismo vasco, hasta
entonces muy conservador, se alió con la izquierda en la oposición por el rechazo al
Estatuto. Mientras tanto el paro aumentaba: 446000 parados en 1932; 700000 en 1934.
La influencia de la CEDA en el gobierno radical de Lerroux y "el carácter fascistizante"
del grupo de Gil Robles condujo al PSOE, bajo la inspiración de Largo Caballero, a
plantear la vía insurreccional como única respuesta al avance de la derecha. La situación
estalló cuando Gil Robles impuso la entrada en el gobierno de tres miembros de la
CEDA el 4 de octubre de 1934.
La revolución de octubre de 1934: Asturias y Cataluña: 
La llegada de miembros de la CEDA al gobierno fue interpretada por las fuerzas de
izquierda como un camino abierto al fascismo. Por lo tanto, la reacción no se hizo
esperar. Al día siguiente de la formación del nuevo gobierno, por iniciativa ugetista y
sin la participación de la CNT, se produjeron huelgas generales en las grandes ciudades
que fracasaron por falta de coordinación y por la respuesta contundente del gobierno
(declaración del "estado de guerra"). A pesar de esto, en Cataluña y Asturias los
acontecimientos alcanzaron especial importancia.
En Cataluña el PSOE, la UGT, la Unió Republicana de Rabassaires y otras
organizaciones obreras intentaron hacer efectiva la huelga general con el visto bueno de
la Generalitat. Pero sin el apoyo de las masas anarcosindicalistas, las posibilidades de
resistencia eran mínimas. Lluis Companys, Presidente de la Generalitat, entre la
alternativa de colaborar con el gobierno conservador de Madrid, optó por encabezar la
insurrección y proclamó el 6 de octubre "l´Estat Catalá" (el Estado Catalán) dentro de la
República Federal Española. Las tropas del general Batet en 24 horas controlaron la
situación: todo el gobierno de la Generalitat detenido y también Azaña que casualmente
estaba en Barcelona. En Madrid eran detenidos Largo Caballero y otros miembros del
Comité de Huelga.
En Asturias el movimiento obrero duró todavía muchos días, creándose una situación
auténticamente revolucionaria. Anarquistas, comunistas y socialistas, unidos en las
alianzas obreras, ocuparon la cuenca minera y se hicieron con armas de los cuarteles y
fábricas y explosivos de las minas. Ocho mil obreros mineros ocuparon Asturias y
proclamaron la Revolución Socialista de los Consejos Obreros, estableciendo una
estricta organización revolucionaria, militar y económica. El movimiento fue aplastado,
tras una dura resistencia por el ejército el 17 de octubre.
Consecuencias:
i/ 1934 fue un preludio de la guerra civil: brutalidad del ejército de África, liderazgo de
Franco, ensayo de revolución obrera.
ii/ 1000 mineros muertos, unos 2000 heridos y 300 soldados o guardias muertos. Miles
de detenidos.
iii/ La influencia de la CEDA en el gobierno aumentó: Gil Robles ministro de la Guerra,
Franco jefe del Estado Mayor, suspensión del régimen autonómico de Cataluña,
devolución de las propiedades expropiadas a los jesuitas... derechización.
iv/ Enfrentamiento entre radicales y cedistas sobre las penas de muerte y el
cumplimiento de las condenas.
Con todo, fueron los casos de corrupción que salpicaron a Lerroux y sus seguidores
(estraperlo) lo que rompió la alianza radical-cedista. En estas condiciones, en diciembre
de 1935 Alcalá Zamora decidió convocar elecciones para febrero de 1936.

5. El Frente Popular
Durante la década de los 30 se fue consolidando en Europa una política de unión de las
fuerzas liberales y de izquierdas para contrarrestar un fascismo cada vez más
amenazante. Estos frentes amplios recibieron el nombre de frentes populares.
Para las elecciones de febrero del 36 se formó un Frente Popular con republicanos (IR,
UR), socialistas (PSOE, UGT) y comunistas. El programa del Frente Popular era más
que nada reformista, no se incluían nacionalizaciones y se podía resumir en una
amnistía para los presos, y represaliados, y una reforma de la legislación social y de la
enseñanza.
La derecha comenzó la campaña desunida. Pero pronto vieron la necesidad de formar
alianzas, y en algunos lugares los monárquicos (alfonsinos y carlistas) se presentaron
con la CEDA, agrarios y otros, formando el Frente Nacional, que no tuvo carácter
general. Falange Española presentó candidaturas propias.
a) Las elecciones de febrero de 1936:
 Los resultados electorales prefiguran las dos españas que lucharán en la próxima
guerra. El Frente Popular, a pesar de que obtiene un triunfo ajustado en votos, consigue
una cómoda mayoría parlamentaria. Las derechas tienen buenos resultados en las dos
castillas, Navarra y Aragón. Por su parte, la izquierda obtendrá la mayoría en las
grandes ciudades, en las provincias costeras y en los territorios con sentimientos
nacionalistas.
 El nuevo gobierno estaba formado por los republicanos de izquierdas (Izquierda
Republicana y Unión Republicana), tal como estaba previsto en el programa del Frente
Popular. Los socialistas quedaron fuera, dejando el gobierno en manos de unos partidos
que habían obtenido un respaldo relativamente pequeño. El gobierno pasará a estar
presidido por Casares Quiroga hasta el día 19 de julio, mientras que Manuel Azaña será
nombrado Presidente de la República en sustitución de Niceto Alcalá Zamora,
sustitución polémica, que hará más débil todavía el gobierno, pues Casares Quiroga no
tenía la personalidad de Azaña.
b) Hacia la guerra Civil:
 El nuevo gobierno reinició las reformas del primer bienio republicano, sobre todo la
reforma agraria. La impaciencia de los campesinos les llevaba a llevar a cabo
ocupaciones de tierras que luego el ministerio se veía obligado a legalizar. Por su parte,
la CNT planteó la jornada de 36 horas y la expropiación de las fincas de más de 50
hectáreas. Todo ello provocó cierres patronales, huída de capitales y recrudecimiento
del terrorismo, tanto de la extrema derecha, como de los grupos de izquierda.
 En estas circunstancias parecía claro que estaba próximo un alzamiento de los
militares contra el gobierno, que a su vez reaccionó trasladando al general Mola a
Navarra y a Franco a Canarias, medidas que demuestran la debilidad del gobierno que,
por otra parte, teme también un estallido revolucionario. Ya la noche de las elecciones
Franco había propuesto a Gil Robles la declaración del “estado de guerra”, sin que ello
fuese aceptado por el Ministro de la Guerra. En marzo un grupo de generales (Mola,
Saliquet, Varela), a los que en el último momento se unirá Franco, acordaron “un
alzamiento que restableciese el orden”, la dirección del cual recayó en Mola.
 En la elección de la fecha tendrá mucho que ver el asesinato de Calvo Sotelo por un
grupo de guardias de asalto. Así, la noche del 17 de julio se insurreccionaba la
guarnición de Marruecos, iniciándose un golpe de estado, que al fracasar en muchas
zonas de España, se transformará en una larga guerra civil.